domingo, 28 de junio de 2015

Diputados de la Nueva Mayoría presentaron proyecto de ley para desclasificar leyes secretas



Parlamentarios apelan al “fin del secretismo”

Diputados de la Nueva Mayoría presentaron proyecto de ley para desclasificar leyes secretas

Iniciativa ya comenzó su trámite legislativo en la Comisión de Constitución, con el objetivo de desclasificar 254 normas, decretos y leyes secretas emitidas en dictadura militar hasta el 10 de marzo de 1990. La Cámara Baja ya había aprobado un proyecto de acuerdo de la diputada Hernando relativo a la materia.   

Parlamentarios del PRSD, DC, PPD, PC y PS presentaron una moción que busca desclasificar los decretos y leyes secretas que aún persisten en el país, indicando que desde el 2005 existe la consagración constitucional del principio de transparencia, y por lo tanto debería haber un acceso total a la información de todos los organismos del Estado. Sin embargo, aún subsisten leyes secretas, decretos supremos secretos, dictados entre el 11 de septiembre de 1973, época en la que se instaura la dictadura en Chile, hasta el 10 de marzo del año 1990, época en que Chile vuelve a la democracia.

Proyecto de Acuerdo 

Hace algunos meses la Cámara Baja aprobó un proyecto de acuerdo presentado por la diputada Hernando, el cual solicitó al Poder Ejecutivo la derogación de las leyes secretas hechas en tiempo de dictadura. “Dentro de ellas se encuentra la que más nos interesa a nosotros como región que es la Ley de Fondos Reservados del Cobre. No obstante ello, nuestra moción es precisamente para derogar éstas y las otras por lo que esperamos que en la comisión que sea admisible se tramite rápidamente”, explicó la diputada Marcela Hernando.

En la idea matriz del proyecto, se señala que es necesario adecuar el ordenamiento jurídico chileno a los estándares de publicidad y transparencia, “consagrados en la Constitución Política de Chile y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, ordenando la derogación del carácter de reservado o secreto de diferentes normas dictadas por la dictadura militar entre los años 1973 y 1990”.  Por lo tanto, se pide dejar sin efecto el carácter secreto o reservado de las normas señaladas y publicar, dentro de los 30 días siguientes a la promulgación de esta ley, los cuerpos legales que hayan perdido la calificación de secretos o reservados de acuerdo a la disposición anterior.

Moción transversal 

El proyecto fue presentado por los diputados de la DC Ricardo Rincón, Pablo Lorenzini, Víctor Torres, Claudio Arriagada y Fuad Chahin; del PC, Jorge Teillier; del PS, Marcelo Schilling; del PRSD, Marcela Hernando y del PPD, Jorge Tarud. El texto incluye, entre los antecedentes, la opinión de la entonces Ministra de Defensa y actual Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien señaló en la comisión respectiva que “las leyes no deben ser secretas, aún cuando deberían tener tal calidad aquellas referidas a planes, estrategias específicas o determinadas adquisiciones, pero no las de plantas o escalafones”, siendo estas últimas el grueso de leyes con carácter de reservado o secreto dictadas entre 1973 y 1990.
















jueves, 11 de junio de 2015

Parlamentarios solicitan crear División de Transplante y Educación de Salud en el MINSAL


Institución podría regular y dinamizar el proceso de donación de órganos

Parlamentarios solicitan crear División de Transplante y Educación de Salud en el MINSAL

La diputada Marcela Hernando en conjunto con otros nueve parlamentarios, presentaron un proyecto de acuerdo para que la Presidenta Michelle Bachelet, cree una institución que pueda vitalizar y supervigilar la donación, transporte y distribución de órganos, como asimismo, tenga el rol de coordinar con diferentes estamentos públicos y privados todo el proceso de trasplantes.

La parlamentaria de la Región de Antofagasta inidicó que la solicitud especifica la creación de la División del Trasplante y Educación de la Salud. “Su misión será regular y coordinar los mecanismos técnicos, humanos y operativos necesarios para fomentar y ejecutar las actividades de donación, extracción, preservación, distribución, intercambio y trasplante de órganos y tejidos en todo el país. Además tendrá la responsabilidad de generar campañas que sensibilicen a la opinión pública en estas materias”.

Fundamento

La creación de esta división se fundamenta en las pocas herramientas que tiene la actual Oficina de Coordinación Nacional de Trasplantes del Ministerio de Salud, la que no tiene una relación directa con los directivos de los diferentes hospitales del país, que son los llamados a velar por la eficiencia del programa de trasplantes. “A ello se suma que los recursos y facultades que posee dicha oficina son insuficientes para impulsar el desarrollo de una red nacional de procuración de órganos”, indicó la diputada Hernando, quien es integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja.  

“La red de captura y transporte de órganos no está a la altura. Estamos pidiendo que esta oficina encargada que no tiene rango de ningún tipo, ascienda a la categoría de división a nivel jerárquico a fin de que tenga las facultades necesarias para relacionarse de manera más horizontal y cumpla con hacer y dinamizar la entrega de trasplantes”, concluyó la médico cirujano.

Promedios

En el proyecto de acuerdo presentado por la Diputada Hernando, se cita una investigación de CIPER, la que da cuenta que en el año 2010 en nuestro país, el 2% de los chilenos que está en condiciones de salvar otra vida está conformado por unas 2 mil personas aproximadamente, de los cuales el sistema sólo logra “capturar” un promedio de 300. 

Además, en Chile los principales obstáculos para incrementar la donación de órganos son, por un lado, la escasa detección de donantes a nivel sanitario, y la negativa familiar que corresponde al 50% del total de entrevistas realizadas. Al corresponder los potenciales donantes detectados, a un número tan pequeño, esta negativa afecta gravemente la eficacia del sistema. Por ejemplo, en el año 2014 hubo 280 potenciales donantes de los que 135 se perdieron porque los familiares no quisieron considerar esa opción. Cabe hacer notar que, independiente de la vigencia de la Ley del Donante Universal, es la familia la garante de la última voluntad del fallecido frente a la donación de órganos.